La estructura de defensa de los intereses del sector turístico estadounidense está obsoleta


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Los grupos de presión del sector turístico se crearon para influir en el Congreso, pero es el poder ejecutivo el que ostenta todo el poder. Esta semana pasada, esa discrepancia ha sido innegable.

Llevo años diciendo que el sector turístico adolece de un déficit de poder, que es el sector más grande del mundo con la menor influencia institucional, y que esta brecha se haría patente precisamente en el peor momento. La semana pasada fue esa semana.

El 23 de marzo, la Asociación de Viajes de EE. UU. emitió un comunicado en el que instaba al Congreso a no subir a sus vuelos de regreso a casa hasta que se pagara a los agentes de la TSA. Se trataba de un lenguaje contundente, de esos que te hacen pensar que alguien en Washington está realmente luchando por el sector de 2,9 billones de dólares que financia su funcionamiento. 

Cuatro días después, el 27 de marzo, la misma organización emitió un comunicado en el que elogiaba al presidente Trump por intervenir para pagar a esos mismos agentes —los que se habían quedado sin cobrar debido al cierre del Gobierno provocado por su propia administración— y pedía al Congreso que aprobara «la propuesta del presidente Trump»